miércoles , 20 de enero 2021
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40 millardos de dólares en un foso de corrupción que salpica a Guaidó

El diario norteamericano The Washington Post publicó un extenso trabajo de investigación que reveló un caso de corrupción de hasta 40 mil millones de dólares americanos, donde se encuentran involucrados varios miembros del entorno del líder de la oposición venezolana Juan Guaidó.

Según relata el reportaje del medio estadounidense, que contó con más de 20 entrevistas a diferentes testigos relacionados con el caso, miembros del equipo del opositor, quien es reconocido por más de 50 países del mundo como presidente interino de Venezuela, habrían extorsionado a dos empresarios en la ciudad de Miami, Florida, quienes ofrecieron a Guaidó un plan para usar su postura de “presidente interino” y tomar el control de los activos valorados en 40 millardos de dólares.

El caso fue destapado por Jorge Reyes y Pedro Antar, empresarios que fueron contactados por el propio líder opositor, además de haber mantenido reuniones con varios integrantes de su equipo, entre ellos el “Comisionado Presidencial para la Gestión de Activos de Venezuela”, Javier Troconis.

Relata Reyes que Guaidó llamó a los sujetos en abril de 2019 para “expresar interés”, lo que llevó a más de una docena de reuniones entre los altos miembros de la oposición, respaldada por el Gobierno de Estados Unidos y sus agentes. Sin embargo, durante el mes de diciembre de ese mismo año, Reyes y Antar recibieron una carta escrita a mano, una fotografía y una lista de lo que describió como “demandas impactantes”.

Dichas demandas habrían significado un pago por adelantado de 750.000 dólares a una compañía de Florida, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada de Juan Guaidó en Washington. Esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18 por ciento que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó.

“Estaba asombrado. Me pregunté: ‘¿El presidente Guaidó sabe de esto?’ Quiero decir, estos tipos claramente estaban tratando de hacer algo ilegal. Ni siquiera se puede hablar de algo así en suelo estadounidense. Fue una extorsión… O pagamos o no obtuvimos el contrato”, dijo Reyes.

También, hay un contrato “prospectivo” con el gobierno Mario Abdo Benitez en Paraguay, con una comisión de $26 millones a pagar a terceros. Al respecto, el articulador de Guaidó “condenó” la mitad de deuda que el gobierno de Paraguay tiene con PDVSA por concepto de suministro de petróleo. La comisión de $26 millones, por descontar la mitad de la deuda de $269 millones, sería destinada al abogado argentino Sebastián Vidal.

Un segundo documento refleja un acuerdo para “recuperar” activo del Ministerio de Alimentación por $1.700 millones en un banco británico.

Cuando las acusaciones de Reyes y Antar fueron reportadas por primera vez por el sitio web Factores de Poder con sede en Miami, el gobierno interino emitió una declaración en septiembre desestimándolas por infundadas. Pero en las últimas semanas, los funcionarios presionaron para que se realizara una investigación interna, realizada por un comité de legisladores de la Asamblea Nacional controlada por la oposición.

Ese mismo mes, contralor general de la República, Elvis Amoroso, también informó sobre un procedimiento administrativo contra Troconis. Denunció que el “comisionado”, dueño de la empresa T&C Services, había hecho contrataciones con PDVSA por $204 millones. “Se pudo evitar que Troconis recibiera 127 millones de dólares más”, acotó Amoroso, y señaló que Guaidó “utiliza las mismas estrategias que el ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, para apropiarse de los activos del pueblo”.

Por su parte, El embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, ha pedido al gobierno estadounidense que lleve a cabo su propia investigación sobre el caso. “No pongo mis manos en el fuego por nadie”, dijo Vecchio. “Creo que si hay pruebas, tenemos que investigar”.

José Ignacio Hernández, ex fiscal general de Guaidó, dijo que advirtió a altos funcionarios de Guaidó “repetidamente” que Troconis estaba actuando más allá de su autoridad (tenía la intención de identificar los activos del gobierno, pero no buscar personalmente su recuperación) cuando intentó negociar el trato con Paraguay en 2019.

El comité de la Asamblea Nacional también investigó un contrato que Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi $ 1.7 mil millones del Ministerio de Alimentos de Venezuela.

El comité no comentó sobre el acuerdo en su informe preliminar. Pero el actual fiscal general de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, dijo que Troconis no tenía autoridad para firmarlo.

“El único autorizado para firmar contratos con bufetes de abogados o empresas de recuperación, en nombre de la República o empresas estatales, es el Fiscal General de la República”, escribió Falcón en un correo electrónico a The Post. “Cualquier contrato firmado por personas distintas de las mencionadas en la respuesta anterior será ilegal y por lo tanto inválido”.

El pasado 17 de septiembre el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fue designada la Fiscalía 67ª Nacional para investigar denuncias tras la revelación de la periodista Patricia Poleo, quien demostró un nuevo plan de EEUU y de Guaidó para , supuestamente, robar activos de Venezuela en el Caribe.

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