jueves , 13 de mayo 2021
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Cancillería envía informe solicitándole imparcialidad a la Oficina de DDHH de la ONU

Foto: Cortesía

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, remitió un documento a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en donde solicita un juicio imparcial acerca de la situación de los DD.HH en Venezuela y hace 70 observaciones hacia el informe dado por esa instancia.

En este “contra informe”, la Cancillería venezolana hace alusión a la falta de objetividad a la hora de exhibir pruebas sobre la presunta situación de tortura que viven los llamados presos políticos en el país y asegura que de las 558 entrevistas, 460 fueron supuestamente realizadas fuera de Venezuela.

Reprocha que en su mayoría las pruebas exhibidas estén parcializadas y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado, y las reuniones sostenidas entre todos los ministros del país y la Alta Comisionada Michelle Bachelet.

Asimismo, recalca que este informe solicita la liberación de diputados, cuya inmunidad parlamentaria fue allanada, pero no menciona que los cargos que se le imputan están relacionados con el supuesto intento de magnicidio perpetuado en 2018 y con el intento de golpe de Estado del 2019.

Hace énfasis en resaltar la total omisión de algún tipo de solicitud hacia gobiernos externos, para acabar con las medidas de bloqueo en contra de Venezuela y que no se mencionan los logros de las estrategias de protección social implementadas desde el 2014, a pesar que en uno de los párrafos del informe de la ONU, señala que “el principal programa de asistencia alimentaria conocido como cajas CLAP no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la población”.

El ente gubernamental sostiene en su informe que se ignoró la confiscación de 30 mil millones de dólares en activos de PDVSA y la retención en 40 bancos de un monto de 5 mil 400 millones de dólares, lo que le impide a Venezuela comprar alimentos y medicinas, toda vez que el país dedica 60% de sus ingresos a la importación de alimentos.

El informe de la Cancillería venezolana termina exigiendo imparcialidad y seriedad de parte de la OACNUDH.

“No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia”, refiere la Cancillería en sus informaciones.

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