Miércoles , 21 de Noviembre 2018

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El pueblo tiene derechos

El pueblo tiene derechos

Por: Elías Jaua Milano

El modelo económico imperante en Venezuela es el capitalismo, así lo diagnosticó el Comandante Hugo Chávez en la presentación del Plan de la Patria del año 2012, con claridad y contundencia:

“No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista”.

Ese diagnóstico está hoy más vigente que nunca, las relaciones sociales de producción capitalistas en Venezuela se han profundizado y expandido en medio de la conflictividad política desatada por la contrarrevolución contra el Gobierno Bolivariano. La especulación en todos los niveles, la precarización de las relaciones laborales, la informalización del comercio interno, el contrabando de extracción son apenas los indicadores más visibles de la respuesta que los antiguos y los nuevos propietarios de grandes medios de producción (“Burguesía”, según la definición de la teoría de clases) han asumido frente a la disminución del ingreso proveniente de la renta petrolera.

La imposición de mecanismos económicos salvajes ha sido el accionar para, en medio del conflicto político, seguir incrementando el enriquecimiento, la mayor de las veces ilícito, por parte de muchos de los tradicionales y de los emergentes burgueses.

Este conflicto latente no se resuelve cancelando la discusión sobre el tema, en tanto que no solo es un debate ideológico. La agudización de las contradicciones sociales que va generando la imposición de esa perversa dinámica en nuestra economía son una dura realidad para la inmensa mayoría de la población. Contradicciones frente a las cuales, el pueblo trabajador tiene derecho a defenderse con los mecanismos legales y de protesta pacífica previstos en nuestra Constitución Bolivariana de 1999 y en la Ley del Trabajo del año 2012.

Me motiva a escribir sobre este tema, la cantidad de denuncias que recibo de trabajadores y trabajadoras de empresas privadas, incluso algunas de estas intervenidas temporalmente por el gobierno, así como de empresas e instituciones públicas. Las denuncias evidencian como se está expresando el conflicto de clases al interior de algunas industrias: disminución sin justificación de la producción o acaparamiento de la misma; formas ilegales de distribución; violación de derechos esenciales; acoso laboral y político por parte de organismos de seguridad del Estado en connivencia con la patronal e indefensión por la omisión del sistema de protección laboral, o por el desacato a las decisiones de estos.

Al respecto quiero dejar claro que hoy más que nunca se requiere de la disciplina laboral consciente y legal, en todos los sectores de la producción. La clase trabajadora venezolana está obligada a realizar una profunda revisión crítica de su papel en el necesario incremento de la producción de bienes y servicios. Sin embargo, reconocer los errores cometidos por los trabajadores y trabajadoras no implica que se justifique la violación de derechos laborales y menos la represión ilegal frente al justo reclamo.

Los derechos laborales están plenamente vigentes y los mecanismos de resolución de los conflictos individuales y colectivos de trabajo también. La dirigencia sindical revolucionaria y los órganos del Estado competentes deben atender, acompañar y responder con valentía a la justa demanda de los trabajadores.

En conclusión, en tanto que el modelo económico hegemónico en Venezuela es el capitalismo, como bien lo identificaba el Comandante Chávez en el año 2012, el Estado está obligado a cumplir su papel de regulación del conflicto Capital-Trabajo y en caso de no cumplirlo los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la denuncia y a la activación de los mecanismos legales de protesta previstos en la legislación.

 

 

 

 

El Estado tiene que cumplir su papel a través de los órganos competentes en materia laboral, en primera instancia a través de las inspectorías del trabajo. Los funcionarios de seguridad del Estado que cumplen funciones temporales en las empresas intervenidas por el gobierno, no tienen competencia alguna para actuar en materia laboral y mucho menos de manera coercitiva a favor de los patrones.

En una Revolución nada justifica la criminalización de la masa trabajadora. La lucha del pueblo trabajador por sus justos derechos frente al capital y a la burocracia autoritaria fortalece al proceso revolucionario. Como lo expresó muchas veces el Comandante Chávez. “El pueblo tiene derecho a interpelar, a demandar, a criticar, a protestar, sin abandonar la Revolución”.

Hoy más que nunca cantamos con fuerza, con Alí Primera: “Aunque diga groserías, el pueblo tiene derechos”.

Tomado de Aporrea




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